CSPrint version ISSN 2011-0324CS  no.7 Cali Jan./June 2011https://doi.org/10.18046/recs.i7.1039 

ART CULOS

De lo global a lo local en los repertorios de acci n de las organizaciones negras frente al conflicto armado en Buenaventura1

From Global to Local in the Action Repertoire of the Black Organizations in the Midst of the Armed Conflict in Buenaventura

Do global ao local nos repert rios de a es das organiza es negras diante do conflito armado em Buenaventura

Adriana Espinosa Bonilla

Universidad del Valle, Colombia adrianespinos@yahoo.com.

Art culo de investigaci n recibido el 31/01/2011 y aprobado el 27/04/2011

Resumen

Este art culo examina los efectos del conflicto armado sobre la poblaci n negra en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia y los repertorios de acci n desarrollados por las organizaciones negras en ese contexto en el per odo de 2000-2009. Simult neamente analiza el uso de las escalas local y global para la acci n colectiva del actor Proceso de Comunidades Negras -PCN.

Palabras clave: Repertorios, Escalas Global y Local, Conflicto Armado, Actor-red, Organizaciones Negras

Abstract

This article examines the effects of the armed conflict over black people in Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia and the action repertoires developed by black organizations in this context in the period of 2000-2009. At the same time, it analizes PCN\\\'s use of teh local and global scales in their collective action.

Key words: Repertoires, Local and Global Scale, Conflict Armed, Actor Network, Black organizations

Resumo

Este artigo examina os efeitos do conflito armado entre as popula es negras em Buenaventura (Valle del Cauca, Col mbia) e os repert rios de a es desenvolvidos pelas organiza es negras no per odo 2000-2009. Assim mesmo, analisa a a o coletiva do Processo de Comunidades Negras/PCN nos mbitos local e global.

Palavras-chave: Repert rios, mbitos global e local, Conflito armado, Ator-rede, Organiza es negras

Introducci n

El conflicto armado en el municipio de Buenaventura ha constituido un factor desestabilizador del proyecto de territorialidad de las comunidades lideradas por el actor-red denominado Proceso de Comunidades Negras- PCN. Frente a los graves efectos de esta guerra, entre los que se cuentan el desplazamiento forzado de gran parte de la poblaci n, las masacres en los espacios rurales y urbanos, el desalojo, la ocupaci n dirigida de los territorios por los actores armados, el asesinato selectivo de l deres y personas pertenecientes a los consejos comunitarios2 y la cooptaci n forzada y voluntaria de los j venes a los grupos y ej rcitos al margen de la ley, entre otros, las organizaciones negras han dirigido y revitalizado su acci n hacia la protecci n y conservaci n de sus territorios y la defensa de la vida y los Derechos Humanos de sus habitantes, tanto a nivel urbano como rural. Sus estrategias han variado desde el uso de repertorios como las marchas, campa as, manifiestos, firma de peticiones, entre otras, hasta repertorios de confrontaci n como las tomas de edificaciones, denuncias internacionales, bloqueos de tr fico y obra, entre otros. Aunque los repertorios no son en s mismos novedosos, lo que s constituye un logro del actor-red PCN es la utilizaci n de las escalas global y local con las cuales ha establecido coaliciones con aliados poderosos, que han logrado potencializar la acci n colectiva con resultados exitosos. Entre estos resultados se cuentan la inclusi n de la poblaci n afrocolombiana con derechos especiales en las leyes y decretos sobre poblaci n desplazada, los planes de contingencia frente al conflicto, los planes de retorno de poblaci n desplazada y las sanciones y recomendaciones realizadas al Gobierno colombiano por parte de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- y la Comisi n Interamericana de Derechos Humanos, que han incidido de manera importante en la formulaci n de pol ticas p blicas para la poblaci n afrocolombiana.

El argumento central de las organizaciones, que coincide con las investigaciones m s recientes (Escobar, 2008; Oslender, 2008; Restrepo, 2005; Castillo, 2007), consiste en concebir el conflicto armado en esta regi n como una estrategia del capital transnacional, apoyado por inversionistas nacionales y por sectores econ micos y pol ticos dominantes en Colombia, dirigida a desalojar y expropiar a las comunidades negras de sus territorios con el objetivo de utilizarlos para explotaci n de recursos naturales y la construcci n de mega-proyectos para fortalecer la capacidad portuaria y de transportes a nivel nacional y continental. Pese a que los intereses sobre la regi n son principalmente econ micos, lo que se pone en juego es la supervivencia de grupos tnicos, que han convivido en sus territorios, hasta hace poco \\\"invisibilizados\\\", pero que, recientemente, han cobrado protagonismo pol tico en la naci n como sujetos de derechos especiales.

En este art culo se describir n algunas de las consecuencias del conflicto armado en el municipio de Buenaventura y se analizar n los repertorios de acci n desarrollados a escala local y global por el actor-red PCN, para hacer frente a dicho problema.

El Proceso de Comunidades Negras-PCN

Como resultado del proceso que gener la Constituci n de 1991, aparecen en el escenario pol tico nacional nuevos actores, entre los cuales podemos mencionar a las minor as negras organizadas. Aunque el proceso organizativo de las poblaciones negras empieza a consolidarse a partir de los a os setenta del pasado siglo, es posible afirmar que en el per odo comprendido entre finales de los ochenta y la d cada del noventa, se configur un actor reconocido como Movimiento Social de Comunidades Negras. La movilizaci n, sin precedentes hist ricos, en torno a los nuevos derechos de las poblaciones negras, adquiridos en la carta constitucional, se al un cambio en la acci n colectiva y una nueva forma de relaci n entre el Estado y la sociedad civil organizada en torno a los derechos de las minor as tnicas. El Proceso de Comunidades Negras o PCN surge como resultado de esta nueva relaci n y recoge los principios que una vez fueron enarbolados por el movimiento social.

El PCN nace en 1993, durante las discusiones entre las diferentes instancias representativas de las poblaciones negras y del, hasta entonces denominado, Movimiento Social de Comunidades Negras, quienes no logran unificar una propuesta a nivel nacional que recoja estas expresiones. Debido a esto, un sector de representantes entre los que se cuentan los de la Costa Pac fica Sur, la Costa Caribe y algunos sectores del Norte del Cauca, deciden organizarse bajo la forma de \\\"proceso\\\" y abanderar la titulaci n colectiva de territorios y la defensa de los principios de territorialidad y de identidad de las poblaciones negras por ellos representadas.

Actualmente, el PCN es una actor-red que cobija cerca de 120 organizaciones de base y de ley a nivel regional y nacional, entre las cuales las m s representativas son los Palenques, cont ndose entre ellos el Palenque Alto Cauca, Palenque Kusuto, Palenque Nari o y Palenque El Congal-PEC (ver Anexo No. 1). Este ltimo, opera a nivel del municipio de Buenaventura y recoge a su vez los consejos comunitarios de las cuencas de los r os Yurumangui, Calima, Alto y Medio Dagua, Mayorqu n, Raposo, Consejo Mayor de Anchicay y las zonas de Puerto Espa a, Miramar y Bah a M laga. Del mismo modo, pertenecen tambi n al PEC seis organizaciones tnico-territoriales, varios colectivos urbanos y cuatro equipos t cnicos (Derechos Humanos, Territorio y medio ambiente, Educaci n y G nero) (ver Anexo No. 3).

La guerra en la ciudad

El territorio del Pac fico ha sido objeto, desde la poca colonial hasta nuestros d as, de la explotaci n indiscriminada de sus enormes recursos mineros y maderables. Dichos recursos, al parecer, a n hoy no han sido agotados. Mientras el inter s en sus riquezas se renueva en el presente siglo, las poblaciones negras que han habitado por siglos este complejo sistema de r os, esteros y selva fluvial est n siendo expulsadas y diezmadas por la acci n de los actores armados en su lucha por el control territorial.

La confrontaci n armada actual, que tiene m viles econ micos vinculados con las rutas de comercializaci n de la coca y el inter s de explotaci n de sus recursos, ha instaurado un nuevo orden por fuera del institucional y ha involucrado y cooptado, voluntaria e involuntariamente, a una gran masa de poblaci n.

Las declaraciones del extinto jefe paramilitar Carlos Casta o, seg n las cuales los comerciantes del Puerto, ante el acoso de las extorsiones a las que eran sometidos por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC, son los que piden y pagan la presencia de los grupos paramilitares en el casco urbano de Buenaventura (Chaparro, 2009), pone en entredicho algunas de las hip tesis acerca de la explicaci n del advenimiento de este actor armado en el Puerto.

Por un lado, existe la versi n de que a ra z de los secuestros realizados por parte del Ej rcito de Liberaci n Nacional-ELN y las FARC, (Casos de La Mar a, KM 18, Diputados de la Asamblea Departamental) entre 1999-2002, se recrudece la acci n de las Fuerzas Militares en las zonas a donde fueron llevados los plagiados, ubicadas en la parte alta de los r os Naya y Yurumangu en el municipio de Buenaventura. As mismo, se sostiene que ante la incapacidad del Ej rcito de someter a la guerrilla, entran los grupos paramilitares a tratar de ejercer el control.

Por otro lado, una segunda explicaci n estar a asociada a la expansi n paramilitar y a los efectos del Plan Colombia sobre las regiones cultivadas de coca, que hicieron que la presencia paramilitar se \\\"desplazara\\\" en busca de nuevos \\\"nichos\\\" de poder relacionados con el control del comercio del narcotr fico y de la econom a ilegal vinculada a la puesta en marcha de Mega-proyectos en la regi n del Pac fico. En esa nueva estrategia el frente Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia-AUC pretend a controlar la zona alta de las cuencas del municipio, que conectan el mar con la zona del Valle del Cauca y norte del Cauca y que se convierte en un corredor estrat gico para los grupos armados. Esto con el objetivo final de controlar las v as de comunicaci n entre Cali, el Puerto de Buenaventura y desde luego la salida al mar (Guzm n et. al., 2007).

A pesar de la escalada de muerte que dej como resultado las masacres del Alto Naya y El Firme, las caracter sticas de la zona rural no facilitaron el posicionamiento de las AUC.3 Ante este hecho, terminan por replegarse en el casco urbano en el que encuentran redes de apoyo, sobre todo de la Fuerza P blica.4 Luego de la desmovilizaci n de las AUC ocurrida a finales del 2004, las FARC retomaron el control de algunas zonas de la ciudad, de las que hab an sido expulsadas en el 2001. Ante la inoperancia del programa de desmovilizaci n del Gobierno, muchos de los paramilitares no se desmovilizaron de forma real, es decir al parecer entregaron las armas, pero siguieron delinquiendo al servicio de las bandas del narcotr fico o ejerciendo control como paramilitares no desmovilizados.

Finalmente, las AUC logran establecerse en gran parte de la comuna 12, que ocupa una porci n de la zona continental de la ciudad y a su vez tienen comunicaci n por esteros y quebradas con la bah a de Buenaventura y las bocanas de los r os de Anchicay y Dagua, as como a la zona de la carretera Cabal Pombo. Por su parte, las FARC controlan algunos barrios de la isla Cascajal y la zona continental. De las 12 comunas del Puerto cerca de 10 est n bajo el control de alguno de los grupos armados5 (ver Mapa No. 1).

Si el panorama rural resulta complejo en t rminos de las particularidades geogr ficas, en el escenario urbano confluyen factores que a veces est n relacionados con aquel, pero que son elementos nicos propios de la ubicaci n del Puerto. En esencia se trata del espacio en el cual se han consolidado todos los factores y variables que hacen posible el conflicto en la regi n. Este escenario es tan complejo, que presenta dos fen menos relacionados con el conflicto armado que son muy poco frecuentes a nivel nacional. Por un lado est el microdesplazamiento dentro de la ciudad y, por el otro, el alto n mero de masacres en el espacio urbano.

De acuerdo con lo se alado por Mar a Victoria Uribe (2004), existen dos rasgos comunes entre las masacres del per odo de la Violencia del siglo XX y las del conflicto contempor neo: los espacios donde ocurren, que son eminentemente rurales, y los actos atroces. Al parecer Buenaventura cumple parcialmente con el primer rasgo, puesto que un n mero importante de masacres ocurren en el espacio urbano.6 Esto podr a tener explicaci n en los fuertes v nculos campopoblado, que hacen que la movilidad de la gente, entre uno y otro espacio, los convierta en blanco de la violencia, ya sea en la ciudad o en los r os.

La crisis de los desplazados es mayor en el casco urbano de Buenaventura donde los actores armados se disputan de manera literal, calle a calle y cuadra a cuadra, su control sobre el territorio. Despu s de la escalada de las AUC, entre el 2000-2003, este grupo logr el control relativo sobre el casco urbano del municipio y particularmente sobre la zona continental de la ciudad. Sin embargo, como este grupo vivi un proceso de desmovilizaci n, perdi durante el per odo del 2004-2005, cierto control sobre las reas urbanas y el vac o dejado por sus estructuras, fue ocupado r pidamente por otros grupos y capitalizado por la guerrilla de las FARC, para reclutar j venes milicianos en las comunas. Posteriormente, en el 2007, llega un nuevo contingente paramilitar al Puerto que intenta recuperar el terreno perdido e inicia un nuevo per odo de confrontaci n que contin a hoy en d a (Defensor a Delegada para la Evaluaci n de Riesgos en la Poblaci n Civil como Consecuencia del Conflicto Armado, SAT, 2008).

El re-posicionamiento de los actores var a, pero esencialmente las FARC logran consolidarse en la zona rural tomando el control de las reas de cultivo y las AUC desplazan a las FARC de gran parte de la zona urbana, sobre todo la zona continental de la ciudad, donde pueden tener el control de la salida de la droga. Esta distribuci n explicar a la din mica del conflicto en la regi n. Mientras la guerrilla controla el tr nsito en los corredores fluviales, los grupos de autodefensa act an como tap n para ese tr nsito, al controlar el Puerto y el corredor mar timo. As , los enfrentamientos se concentran sobre esas \\\"puertas\\\" que comunican la porci n continental del municipio con el mar. No en vano la zona urbana es la que presenta mayor n mero de hechos de conflicto en el per odo estudiado (ver Gr fico No. 2).

Para el PCN en particular, el posicionamiento y acci n en la zona urbana se debe a que gran parte de la poblaci n de los territorios colectivos se desplaz a la ciudad. Muchos de los l deres de los consejos comunitarios rurales hicieron un seguimiento a las familias que se hab an desplazado y promovieron y cogestionaron el retorno a la zona rural. Las gestiones hechas por los consejos comunitarios de Calima, Anchicay y Naya, garantizaron el retorno de una parte de la poblaci n. Sin embargo, como ellos mismos lo expresan, la mayor parte de ella se qued en el Puerto o migr a otras ciudades como Cali. Las familias desplazadas se establecieron en las comunas 11 y 12 principalmente, en zonas colindantes con esteros o de bajamar, el crecimiento demogr fico de la ciudad, del 21% en menos de 10 a os,7 da cuenta de este gran impacto. Aunque esto result una salida moment nea, al lado de la poblaci n llegaron tambi n los actores armados. El estigma de los v nculos con la zona rural, hizo que muchos de los desplazados fueran revictimizados en sus lugares de llegada. Muchos de los asesinatos y masacres en la zona urbana ocurrieron gracias al se alamiento de los desplazados como aliados de la guerrilla y como si esto fuera poco, muchos de los desplazados ubicados en la ciudad, tuvieron que volver a desplazarse dentro del mismo casco urbano. El conflicto, pues, se traslad de los r os a las comunas de Buenaventura.

Por otra parte, existe un efecto de baja intensidad y de largo plazo, que podr a se alarse como grave y definitivo: el deterioro de las relaciones de vecindad entre los habitantes del rea urbana y en especial el clima de desconfianza para con la gente que llega de los r os. Esto produce como consecuencia un aislamiento de la gente desplazada, que rompe los fuertes v nculos de confianza y solidaridad caracter sticos de la regi n.

La magnitud de la tragedia

Son tres los fen menos que resumen la fenomenolog a del conflicto armado en el per odo comprendido entre los a os 2000-2009 en el Distrito Especial Portuario de Buenaventura: deslocalizaci n, victimizaci n y usurpaci n de los espacios.

El concepto de deslocalizaci n se adapta de la teor a desarrollada por Mary Kaldor (2001) en su an lisis de Las nuevas guerras. Violencia organizada en la era global. En el marco de esta teor a, la deslocalizaci n es entendida como un insuficiente o precario arraigo en redes o bases locales de la poblaci n civil afectada por la guerra. Es posible decir que el desplazamiento de la poblaci n en el municipio de Buenaventura, supera la mera definici n de desplazamiento, debido a que la poblaci n desplazada participa en un ciclo en el cual es expulsada del municipio hacia otras ciudades y regiones del pa s, hasta perder, en buena medida, la conexi n con sus bases locales.

El t rmino victimizaci n, por su parte, se toma del texto Sobre la violencia de Hannah Arendt (2005), en el cual se habla de la victimizaci n secundaria como una expresi n en la cual hay resultados concretos de violencia en la integridad humana, ejercida sobre la poblaci n m s d bil y vulnerable.

Por ltimo, la usurpaci n de los espacios se refiere al proceso concreto que desarrollan los actores armados, que constituye el punto final en la espiral de violencia: una vez que la poblaci n ha sido deslocalizada o victimizada, el paso siguiente es ocupar sus espacios (casas, parcelas, calles de barrio, entre otros).

Deslocalizaci n

El desplazamiento forzado ha expulsado de los territorios rurales un total aproximado de 69.373 personas8 en el per odo comprendido entre el 2000-2009. Esto significa en t rminos demogr ficos una relocalizaci n de aproximadamente el 21.4 % de la poblaci n del municipio.

La relocalizaci n cumple un ciclo a veces interminable. Se inicia con la gente que es expulsada del rea rural y se relocaliza en el casco urbano, posteriormente muchos, debido a nuevas amenazas de los actores armados que controlan los barrios, deben realizar micro-desplazamientos dentro del rea urbana para, finalmente salir expulsada hacia otras ciudades. Para la gente reubicada en la ciudad, la situaci n se vuelve cr tica en la medida en que los actores armados, instauran un nuevo orden donde la posibilidad de ser revictimizados es frecuente.9

Victimizaci n: la fatalidad de los v nculos

Muchos de los asesinatos cometidos en la ciudad fueron dirigidos contra gente que hab a sido expulsada de los territorios colectivos. Las masacres en la ciudad, se convirtieron en una se al de poder que los nuevos se ores de la guerra enviaban a quienes presuntamente tuvieran alg n tipo de relaci n con los actores armados. Por otra parte, la mayor a de las v ctimas eran j venes. Las masacres de Las Palmas (7), Punta del Este (12) y otras tantas dejaron un total de 69 v ctimas ubicadas en un rango de edad de 16- 32 a os. Del total de 18 masacres cometidas en municipio para el per odo de 2000-2005, 11 ocurrieron en la ciudad (ver Tabla No. 1).

El debilitamiento del dominio armado ejercido por el desmovilizado Bloque Calima, y la posterior desmovilizaci n del Frente Pac fico11, que hacen parte de la estructura zonal de las AUC, acabaron con la hegemon a de este actor armado irregular en el Puerto, lo cual profundiz la confrontaci n entre la guerrilla, integrantes de las Autodefensas que no se desmovilizaron, y grupos privados al servicio del narcotr fico por detentar el control territorial. En el 2006 fueron asesinadas 485 personas, Buenaventura fue la ciudad m s violenta del pa s (Hern ndez, 2006). Tambi n se presentaron 38 atentado terroristas. Cerca de 3000 hombres de la policia y la infanter a fueron dispuestos en el 2006 para vigilar la ciudad.

Si observamos las cifras de homicidios cometidos en el per odo 2003-2007 (Gr fico No. 1), es evidente el clima de deterioro del orden p blico que vivi el municipio. De acuerdo con esta informaci n, la tasa de homicidios en el municipio aument abruptamente en el 2006, en que se registr una tasa de 121,5 por cada 100.000 habitantes, por encima de la tasa departamental (82,31) y triplicando la nacional (40,27). Vale decir que en todos los a os del per odo, Buenaventura super las tasas departamentales y triplic las tasas a nivel nacional.12 Seg n el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la Rep blica, el 20% del total de homicidios presentados entre 2003-2007 est asociado a la confrontaci n armada.

La usurpaci n de los espacios

La situaci n de desplazamiento, seguida por la ocupaci n de terrenos y casas por parte de for neos, se presenta tanto a nivel urbano como rural. Dicha pr ctica fue constatada por la Comisi n Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, quien despu s la visita de campo a Buenaventura, realizada en mayo de 2007,13 declar lo siguiente:

... numerosos relatos referidos al impacto del desplazamiento interno e intraurbano sobre comunidades enteras. Por ejemplo, el desplazamiento masivo de comunidades de la regi n del Bajo Calima, Valle del Cauca, por acci n de grupos paramilitares; el desplazamiento de los afro-colombianos que residen en la ciudad de Buenaventura quienes al regresar encuentran que sus casas han sido ocupadas por orden de grupos paramilitares (CIDH, 2008).

Si observamos el comportamiento geogr fico del conflicto (Gr fico No. 2), podemos encontrar diferencias entre las sub-zonas de las reas rural y urbana. Para la categor a de zona de ocurrencia de las acciones b licas y las violaciones de Derechos Humanos, observamos que un 41% de las acciones ocurren en la zona urbana continental, un 30% acontece en la zona rural de carretera y un 15% en la zona urbana insular. Esto muestra una clara tendencia de la concentraci n del conflicto en la zona urbana y en particular, en las reas de actividad portuaria. La tendencia obedece al inter s de los actores armados por controlar las rutas de embarque, circulaci n, transporte y salida al mar tanto de la droga, como de armas, insumos para la coca, adem s del cobro de \\\"vacunas\\\" o impuestos por mercanc as, obras de infraestructura y otra serie de aspectos propios de la actividad del Puerto.

Finalmente, es muy dif cil tratar de establecer el n mero de v ctimas que ha ocasionado el conflicto en Buenaventura. La recopilaci n de la informaci n presenta dificultades ya que la misma aparece dispersa y debido a la din mica del conflicto y a los altos niveles de corrupci n e ineficiencia de las instituciones encargadas de los registros, no hay sistematizaci n confiable de los hechos. Prueba de ello son las denuncias sobre desaparici n forzada que cada vez se hacen m s frecuentes, cuyo tr mite es bastante lento y riesgoso. Numerosas personas son intimidadas por los grupos armados para que no denuncien la desaparici n de sus familiares. Cuando se logra hacer la denuncia, el inicio de la investigaci n puede tardar hasta un a o.14 Las cifras de la organizaci n Palenque El Congal- PEC,15 evidencian la gravedad del clima de violencia. Seg n los registros, entre los a os 2006-2009, ocurrieron 357 casos de desaparici n forzada, cifra que tambi n es corroborada por la Personer a Municipal de Buenaventura.16

Adem s de las cifras parciales sobre homicidios y masacres, existen datos no oficiales como son las declaraciones del ex-jefe paramilitar Ever Veloza Garc a, alias \\\"HH\\\", quien confes que junto a varios de sus hombres, fueron autores de m s de mil cr menes en Buenaventura entre el 2001 y 2002.17

En el reciente Auto No. 005 de 2009, la Corte Constitucional de Colombia emiti un fallo mediante el cual ordena al Estado atender de manera urgente la situaci n humanitaria de la poblaci n afrocolombiana en condici n de desplazamiento. Entre las explicaciones que ofrece la sentencia de la Corte a la continua desterritorializaci n de afrocolombianos, espec ficamente ubicados en los territorios colectivos de comunidades negras, se menciona:

La p rdida de control social y cultural de sus territorios por parte de las comunidades negras ha estado asociada a fen menos de repoblamiento y cambio de la composici n tnica, como por ejemplo, en el Urab , en algunos lugares de la costa de los departamentos del Cauca y de Nari o, en el Norte del Cauca y en Buenaventura. El repoblamiento del territorio en el norte del Cauca y m s concretamente en los municipios de Su rez y Buenos Aires, ha sido causado por personas provenientes de Nari o, en Buenaventura por \\\"paisas\\\" y en el Urab por \\\"chilapos\\\", venidos de C rdoba (Corte Constitucional, Auto 005, 2009).

El Para-Estado en las comunas

Los testimonios de la forma en que las AUC instauran un nuevo orden en la ciudad, son una prueba de la vulnerabilidad de las poblaciones, y a su vez, una evidencia de la ausencia de gobernabilidad del Estado.

En una asamblea de la JAC se presentaron unas personas que se presum an eran paramilitares y dijeron a todos los presentes que ellos ven an a cuidar el barrio, que eran mandados a cuidar el barrio, y a partir de all , todo se hac a de acuerdo a lo que ellos hab an establecido, se toman el barrio los paramilitares y yo como miembro de la Junta empiezo a decir: hey qu vamos a hacer ? ... no podemos quedarnos aqu ... la gente en ocasiones que no tiene esa concepci n de los derechos, dicen no pero es que ellos est n cuidando para que no haya ladrones, no hayan delincuencia com n, para que no haya viciosos, para que los guerrilleros no se vayan a meter, ... fue transcurriendo el tiempo y empezaron a haber muertes, aparec an cuando bajaba la marea personas muertas del mismo barrio, ya empezaban a desarrollar acciones que suplantaban a las organizaciones a la Junta de Acci n Comunal ... que por ejemplo todos los j venes del barrio est n convocados a una jornada de limpieza y todos ten an que ir, eran las m s masivas, mucho m s que cuando la JAC convocaba, y todo mundo las mam s preocupadas por ... a ver tal julano vayan, vayan pa que lo vean que usted est trabajando y vean que usted es un ni o de bien, los j venes iban por lo general, yo no asist a y les dec a a los de la Junta: qu vamos a hacer?, tenemos que hacer algo, no podemos permitir que nos vengan a suplantar y que unos aparecidos vengan y tengamos que hacer su voluntad, m xime cuando sabemos el peligro que estamos corriendo teniendo esta gente aqu en el territorio ... (Entrevista activista PEC, 2010).18

Frente a este panorama devastador, en el cual la acci n estatal ha sido ineficaz, las organizaciones negras, algunas de ellas lideradas por el actor-red Proceso de Comunidades Negras-PCN y su representante local el Palenque El Congal-PEC, enfocan su acci n en la defensa de los Derechos Humanos y la territorialidad de las poblaciones afectadas por el conflicto.

C mo defender el territorio en la ciudad?

Como lo manifestaba Alfonso Cassiani, activista del PCN, en 1999:

Para las comunidades del rea rural hay un elemento que cohesiona, que es el territorio, adem s de que fueron ellas uno de los motores impulsores de este proceso. Para el caso de las comunidades negras urbanas ese elemento cohesionador del negro en las ciudades no ha estado claro. Adem s de que el negro en las ciudades ha sido v ctima de toda esa carga de alienaci n, pero no se ha encontrado ese elemento que lo despierte. T vas al campo y dices: \\\"t vas a perder la tierra ... El elemento b sico para las comunidades urbanas es la diferencia. El reto es que los negros de las reas urbanas, puedan identificar ese elemento que les permite a ellas ser negras sin necesidad de ser urbanas (Entrevista Alfonso Cassiani, activista PCN, Cali, 1999).

Esta era la forma en que se visualizaban los elementos cohesionadores en el discurso de la organizaci n hace diez a os. Sin embargo, al parecer la defensa del territorio se est convirtiendo, hoy en d a, en un tema crucial tambi n en la ciudad.

A pesar de un cese relativo en los desplazamientos de la zona rural y una moment nea disminuci n de las masacres, las modalidades de guerra de los actores armados se han centrado ahora en el escenario urbano y sobre la poblaci n joven tal como lo narra el siguiente comunicado:

Comunicados PCN - S bado 07 de Noviembre de 2009 12:07. No es verdad la imagen que se est difundiendo de que Buenaventura ya est en paz, lo que ha cambiado son los m todos que han silenciado la voz de las v ctimas. En medio de la guerra que aun se viene desarrollando en Buenaventura, en donde se siguen dando homicidios, desapariciones, desplazamientos y amenazas a la poblaci n, los adolescentes y j venes son ahora en quien se han focalizado las acciones de los grupos paramilitares. Estas situaciones se est n manifestando en: reclutamientos forzados en donde les ofrecen 1.000.000 y 2.000.000 de pesos para que ingresen a sus filas, reciban entrenamiento y luego los mandan a sitios como Guapi, Tumaco, Mosquera, L pez de Micay, Olaya Herrera, Charco, en general al Pacifico sur nari ense y caucano y a diferentes r os y barrios de Buenaventura en donde los paramilitares buscan y tienen control. Estos j venes nunca regresan, (desaparecidos) porque est n siendo usados como carne de ca n dentro de la estrategia paramilitar, que busca expropiar y desalojar a la poblaci n que est ubicada especialmente en los barrios de bajamar (barrios que tienen acceso al mar) para poder continuar con la implementaci n de los grandes mega-proyectos como los puertos que est n siendo construidos Aguadulce, Terminal de Contenedores del Pac fico -TCBuen y otros que est n proyectados; acondicionando la infraestructura para la exploraci n, explotaci n y exportaci n de la riquezas del Pac fico colombiano, en beneficio de los grandes capitalistas a costa de la vida y bienestar del pueblo afro quienes son sus leg timos due os (P gina web PCN, www.renacientes.org.co)

Como se puede observar en el anterior comunicado, el conflicto se ha concentrado sobre la poblaci n joven, pues la mayor a de las v ctimas de los actores armados est n ubicadas en rangos de edad que oscilan entre los 16-30 a os.19 Este es otro hecho sugerente, en t rminos de los an lisis de la l gica interna que subyace a la acci n violenta, como lo indica el estudio que sobre el tema que desarrolla Oscar Almario:

En estudios sobre guerras y conflictos recientes en distintos lugares del mundo, especialmente el caso de la ex Yugoslavia, se muestra que los actos de violencia apuntaban directamente a la filiaci n tnica y al sexo de las v ctimas, como una manera de redoblar su \\\" ... coeficiente de eficacia ideol gica, si puede decirse, que permite apuntar al enemigo colectivo en tanto que colectividad capaz de reproducirse\\\" (Nahum-Grappe, 2002:70). En el caso del Pac fico cabe preguntarse si, con variables, esta modalidad de violencia tambi n se est dando como lo indicar a el hecho de que los sujetos mayoritarios del desplazamiento sean los j venes y las mujeres, sectores en los que precisamente se cifran buena parte de las esperanzas y expectativas de reproducci n tnica y social de las comunidades (Almario, 2002 : 12).

Dentro de las instancias que se han pronunciado frente a esta crisis humanitaria, est n las declaraciones del Relator Especial Para los Derechos de los Afrodescendientes y Contra la Discriminaci n Racial en las Am ricas de la CIDH, quien en su informe sobre la visita a Colombia en mayo del 2007, solicitada por el PCN, declar lo siguiente:

La estigmatizaci n por parte de los actores armados, la omisi n de cumplir con el deber de protecci n por parte de la Fuerza P blica, las omisiones en la atenci n de la crisis humanitaria que afecta a los desplazados, la usurpaci n de tierras, la impunidad y, en general, el racismo y la discriminaci n racial, afligen a los afrocolombianos quienes se han visto particularmente golpeados por el conflicto armado (CIDH, 2007).

Frente a esta situaci n, el PCN se plantea nuevos retos en las estrategias a desarrollar para que la gente resista y no abandone sus lugares en la ciudad. Porque el riesgo final, de acuerdo con lo que ellos manifiestan, son los territorios urbanos y rurales desocupados y repoblados a conveniencia de los actores armados. Tres han sido las principales l neas de acci n estrat gicas desarrolladas a partir del 2005 en ese sentido por el Palenque El Congal:

La defensa de los Derechos Humanos de la poblaci n afectada por el conflicto. La formaci n pol tica y el fortalecimiento organizativo. Movilizaci n, fiscalizaci n, evaluaci n de impactos y denuncia frente a la ejecuci n de mega-proyectos en el municipio de Buenaventura. Dentro de los cuales figura el apoyo al Comit por la defensa de los derechos territoriales de las comunidades asentadas en las zonas de bajamar de la isla de Cascajal.

La defensa de los Derechos Humanos y el uso de redes locales y globales

El repertorio m s utilizado a partir del a o 2000, ha sido la denuncia p blica. Esta modalidad de acci n surge motivada por la grave crisis humanitaria que experimenta el municipio y tambi n como ltimo recurso frente a la ca tica situaci n de la justicia que no opera debidamente a nivel local. Frente a esta situaci n el PCN, acude a las instancias internacionales de Justicia y al Derecho Internacional Humanitario, para hacer visibles las violaciones a los Derechos Humanos e impedir que la situaci n siga deterior ndose.

De acuerdo con lo explicado por un activista miembro del equipo de Derechos Humanos del PCN, la denuncia funciona en varias etapas. La primera consiste en la verificaci n y documentaci n del hecho (entrevistas a los implicados, observaciones en campo), el siguiente paso es la recolecci n de la informaci n. A continuaci n, se lleva a consideraci n del equipo de derechos humanos del PEC, quien valora la gravedad del caso. Si ste no es muy grave, s lo el equipo de derechos humanos lo hace p blico, en caso contrario se le env a el documento de la denuncia a las organizaciones aliadas a nivel nacional e internacional que trabajan por la defensa de los Derechos Humanos. El paso siguiente es lograr la aceptaci n y la firma de estas organizaciones, que se unen a la denuncia. Para la divulgaci n de estas denuncias se utilizan variados medios como la radio local, la Internet y el env o de correspondencia a instancias gubernamentales y ONG\\\'s.

La denuncia a escala internacional: el caso de la Terminal de Contenedores de Buenaventura-TCBuen

Dentro de la estrategia de expansi n portuaria dise ada por el Gobierno Nacional, figuran, entre otros, el Proyecto Sociedad Portuaria Terminal de Contenedores de Buenaventura -TCBuen- el cual hace parte de un conjunto de proyectos portuarios, que obedecen y se articular en la denominada \\\"ampliaci n portuaria\\\", la cual tiene como prop sito central estructurar territorialmente y profundizar la plataforma econ mica de enclave en Buenaventura. La obra de TCBuen inici construcci n en octubre de 2007.20 La empresa agrupa accionistasocios del sector privado y p blico entre los que se encuentra la Gobernaci n de Valle del Cauca (1%), Alcald a de Buenaventura (1%), Corporaci n Aut noma Regional del Valle -CVC- (10%), el grupo portuario espa ol CROUP TCB LC de Barcelona operador internacional de puertos con presencia en trece instalaciones portuarias a nivel mundial en pa ses como Espa a, M xico, Cuba y Brasil (30%), el grupo Empresarial del Pac fico S.A. -GEPSA- (44%) y socios minoritarios (14%). (Fundaci n Rostros y Huellas, 2010).

La construcci n de la terminal se inici hace dos a os y se han causado afectaciones sobre la poblaci n residente en los barrios La Inmaculada y Santa Cruz, zona de influencia directa del proyecto. Entre estas se cuenta el da o a las viviendas y el cierre de los espacios de circulaci n de la gente del barrio. Se suma a esto el hecho de que el Gobierno hizo la concesi n a la empresa que operar la Terminal, pero sta no realiz la Consulta Previa a las comunidades afectadas.21

Frente a esta situaci n La Fundaci n Rostros y Huellas del Sentir Humano- FRH22 en conjunto con el PCN realizaron el \\\"Foro por los derechos de los afrodescendientes frente al desarrollo de megaproyectos en Buenaventura\\\" entre el 25 y 26 de Junio de 2009, auspiciado por la Iglesia y algunas ONG y organizaciones de base.

El argumento central que moviliza a las organizaciones frente a este proyecto, est relacionado con la postura del PCN seg n la cual las comunidades asentadas en las zonas de bajamar y de expansi n portuaria, as como en algunas de las cuencas de los r os, vienen siendo desplazadas y desalojadas de sus territorios, como parte de una estrategia del Estado, en conjunto con empresas inversionistas extranjeras, que tienen puestos sus intereses y capitales en los proyectos de expansi n en el Puerto. De acuerdo con esto, se hace necesario, por parte de las organizaciones, unir esfuerzos para hacer valer los derechos constitucionales adquiridos a trav s de la Ley 70 y los mecanismos de Consulta Previa, como los estipulados en el convenio 169 de la OIT.

As pues, la estrategia de trabajo conjunto entre el Palenque y la FRH origin una serie de acciones, de documentaci n y registro en campo para proceder a interponer una demanda ante la Corte Penal Internacional -CPI. Pese a las amenazas proferidas contra los activistas de la FRH, por parte del grupo paramilitar que opera en el barrio donde se construye la obra, se contin o el procedimiento puesto en marcha por la coalici n entre las dos organizaciones. La ruta de acci n desarrollada fue la siguiente:

... entonces lo que decidimos fue documentar ese caso, se acompa . Ha estado en frente de eso la organizaci n Rostros y Huellas, nosotros como PCN, hemos estado all acompa ndolos. En el ltimo foro que hicimos frente a los Mega-proyectos, fue que nosotros empezamos como con m s fuerza. Lo que hicimos fue colocar una demanda internacional ante la Corte Penal Internacional y en estos d as vinieron compa eros de all , y se reunieron con nosotros y luego con los del proyecto TCBuen. Estuvieron aqu conociendo cu l es la posici n de nosotros, y porque la petici n frente al proyecto y nosotros expon amos de manera clara cu les eran los impactos que hab a causado la construcci n del terminal all en esa comunidad y, finalmente, ellos deben sacar un veredicto. Tambi n se acompa un recorrido por los barrios y ahorita el proyecto est parado, que los impactos han sido muchos y no se hab a dado ninguna respuesta aqu . El proyecto est parado hasta que la Corte tome una decisi n frente a esto (Entrevista activista del PEC, 2010).

Los procedimientos seguidos frente al proyecto hacen parte de una serie de modalidades de acci n que vinculan al tiempo esfuerzos locales e internacionales en una compleja red de v nculos que hacen efectivas las acciones, a pesar de las distancias culturales y geogr ficas. La apelaci n en este caso a la Corte Penal Internacional -CPI- y al Defensor del Pueblo del Banco Mundial23 es una muestra de los alcances de estas acciones.

De acuerdo con la Ilustraci n No. 1, las coaliciones puestas en marcha para la demanda ante la CPI sobre el caso TCBuen, muestran c mo se mueven las acciones en diferentes escalas. Primero tenemos a escala local (municipal) las organizaciones como el PEC y la FRH, a escala nacional est la Coordinaci n Nacional del PCN y cambiando de escala, tenemos a la Oficina para asuntos Latinoam ricanos-WOLA en Washington y, finalmente, las instancias ante las cuales se ha interpuesto la demanda, que son: la CPI y la oficina del Defensor del Pueblo del Banco Mundial.

La particularidad de las acciones emprendidas por el PCN muestra c mo la transnacionalizaci n de las demandas hace posible que se tomen medidas locales para la soluci n de los problemas. Como lo indica un activista del PCN, a prop sito de uno de sus viajes a EE.UU.:24

Tambi n tuve la oportunidad de entablar relaciones con otros grupos que trabajan por la defensa de los derechos humanos de los grupos tnicos, en el caso particular de la oficina en Washington para Latinoam rica -WOLA- el PCN ha establecido una relaci n de trabajo con ellos en el caso de las denuncias que nosotros necesitamos elevar a nivel internacional. A trav s de esa ONG, tuvimos la oportunidad de entablar una conversaci n con un grupo de congresistas dem cratas donde se les dio a conocer los efectos perversos del Plan Colombia y del Plan Democracia, sobre la cultura de los grupos tnicos. La lesi n que esa pol tica viene causando sobre nuestras comunidades y sobre nuestros territorios ancestrales. ... Pudimos notar la sensibilidad de ellos frente a la aflicci n de nuestras comunidades, los efectos de la Seguridad Democr tica. Luego por los medios nos pudimos enterar de los cuestionamientos hechos a la protecci n de los derechos humanos por parte del Gobierno colombiano, como condici n para la firma del TLC (Entrevista activista PCN, 2009).

Las denuncias a nivel internacional han surtido efectos como lo se ala el anterior testimonio. Estos se reflejan, entre otros aspectos, en las amonestaciones y recomendaciones hechas al Gobierno Nacional por parte de congresistas norteamericanos, acerca de la situaci n de las poblaciones negras y de los Derechos Humanos, como condici n para la firma del TLC.

Al preguntarles por qu no recurren a instancias nacionales para hacer sus denuncias y reclamos, una activista responde:

Nosotros ya aprendimos que Colombia no funciona desde Colombia, que funciona desde las instancias internacionales, esas instancias son los accionistas, los pa ses que generalmente tienen una relaci n econ mica con Colombia y que cuando uno denuncia casos de derechos humanos y todas estas violaciones entonces se ve afectada esta relaci n y ahora si el presidente Uribe le interesa, empieza a buscar excusas, empieza a negociar a brindar ciertas condiciones, se hace como a nivel de incidencia all , de lo contrario ac en lo local no hay ninguna respuesta, siempre ya aprendimos que este pa s funciona desde all , en E.U. o en Europa, aqu en Colombia no hay ninguna respuesta efectiva (Entrevista activista PEC, 2010).

Las acciones que vinculan a diferentes organismos, dependen de la fortaleza de las coaliciones y de los nodos de poder que concentran los recursos necesarios para que las acciones sean eficaces. De acuerdo con la tendencia, las acciones emprendidas en los ltimos cinco a os por el PCN, muestran que el inter s se ha centrado en los nodos de poder que manejan la llamada \\\"Justicia Transnacional\\\", es decir aquellos organismos que fiscalizan el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, que han suscrito los pa ses a escala regional y global. Estos acuerdos, expresan la coexistencia simult nea de procesos globales de poder y dominaci n, al tiempo que la transnacionalizaci n de las luchas de los movimientos sociales.

La versatilidad y la adaptabilidad de la red PCN, es notoria en el caso de la adscripci n a redes globales cuya finalidad es la defensa de los Derechos Humanos. Un ejemplo de esto es la apelaci n a organismos como La Comisi n Interamericana de Derechos Humanos -CIDH.25 Este organismo ha recogido y tramitado algunas de las denuncias interpuestas por el PCN referidas a las violaciones de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

La CIDH opera a trav s de audiencias p blicas, visitas in locu y recomendaciones a los estados miembros de la OEA sobre la promoci n y protecci n de los Derechos Humanos de los ciudadanos. El mecanismo, puesto en marcha por el actor-Red PCN para las denuncias ante CIDH, es complejo e implica a su vez el apoyo de intermediarios (ONG), que hagan el puente entre las organizaciones comunitarias y el organismo. En general requiere el apoyo de ONG\\\'s locales (aquellas relacionadas con los Derechos Humanos) y ONG internacionales. Requiere adem s de la denuncia escrita, una concertaci n de agendas, un despliegue de recursos log sticos (los necesarios para llevar a Washington a los actores implicados) que incluyen la citaci n de funcionarios del Estado Colombiano, que interpelen y den respuesta a las denuncias y el traslado de los representantes del actor demandante. Por otra parte, posterior a la denuncia y a la audiencia en Washington, se requiere de visitas de verificaci n por parte de la CIDH al terreno donde se desarrollan los hechos. Hasta el momento las denuncias hechas en las audiencias de la CIDH han surtido efectos importantes sobre las medidas que el Estado ha tomado frente a las comunidades negras. La insistencia en dichas sesiones, por parte de los delegados de las organizaciones afro y sus aliados, dieron como resultado la recomendaci n al Gobierno Nacional de dise ar una plan de desarrollo para comunidades negras, que por primera vez tuviera en cuenta el largo plazo, y que reconociera las existencia del \\\"racismo estructural\\\" al que han estado sometidas hist ricamente estas poblaciones. Otro resultado, es la presi n para que se ejecute de manera gil lo estipulado en el Auto 005 de 2009 que ordena la protecci n de los derechos fundamentales de la poblaci n afro v ctima del desplazamiento forzado. Estas medidas y recomendaciones representan logros importantes, que s lo han sido posibles luego de varias audiencias y del seguimiento a las recomendaciones dadas por la CIDH al Gobierno colombiano.

Hasta el momento, el PCN ha participado en siete audiencias ante la CIDH (ver Anexo No. 2), en las cuales se ha solicitado al Estado colombiano medidas que garanticen la protecci n de los derechos de las poblaciones afrocolombianas, con especial nfasis en las poblaciones desplazadas y la generaci n de medidas contra la discriminaci n estructural e hist rica de los afrocolombianos. Estas audiencias que transcurren en la ciudad de Washington, sede de la CIDH, han significado la visibilizaci n del actor-red PCN a escala internacional y una interlocuci n directa con funcionarios delegados por el Gobierno Nacional de Colombia. El interesante di logo establecido en el transcurso de las mismas, es significativo en la medida en que el escenario local no ha propiciado, por s s lo, la toma de decisiones en torno a los asuntos referidos a los efectos del conflicto sobre las poblaciones negras.

El uso de Internet para las denuncias

Las denuncias, las alertas y las declaraciones son modalidades de protesta que han tenido mayor difusi n y efectividad gracias al uso de herramientas virtuales como el Internet. En el 2001, por ejemplo, las alertas emitidas por el PCN a sus aliados de la Acci n Global de los Pueblos-AGP, movilizaron la acci n internacional que presion al gobierno de Andr s Pastrana, para evitar m s incursiones de grupos armados en territorios de comunidades negras.26 La rapidez de las respuestas y la efectividad de las mismas tal vez no hubieran sido posibles sin el uso de esta herramienta virtual.

Pero mas all de las bondades de esta herramienta tecnol gica, algunos estudiosos de los movimientos sociales se preguntan si este recurso est efectivamente transformando la acci n colectiva. Seg n Rheingold, acciones como las llevadas a cabo en la hist rica Batalla de Seattle (octubre del 1999), en la cual grupos de manifestantes aut nomos pero interconectados, protestaron en la reuni n de la Organizaci n Mundial del Comercio, y usaron t cticas \\\"en red\\\", tel fonos m viles, p ginas web y ordenadores port tiles para lograr una respuesta multitudinaria sin precedentes, son una prueba del poder de estas herramientas. El autor denomina a este fen meno \\\"Smart Mobs: gente que es capaz de actuar coordinadamente incluso sin conocerse\\\" (Rheingold, citado por Tilly, 2005 : 13).

Es importante mencionar la alusi n de Manuel Castells a este recurso, cuando describe la utilidad de las nuevas tecnolog as para el caso de la guerrilla Zapatista en M xico: \\\"Sin la capacidad de comunicaci n que permiti a los zapatistas llegar al M xico urbano y al mundo en tiempo real, habr an continuado siendo una fuerza guerrillera aislada y localizada\\\" (Castells, 2001 : 130).

Igual podr a mencionarse para el caso del Pac fico, donde el aislamiento geogr fico no permite una comunicaci n directa y efectiva por medios diferentes a los virtuales. Es posible que se hubieran perdido muchas m s vidas, de no ser por el anuncio oportuno a trav s de Internet de la incursi n de grupos armados en los territorios de comunidades negras. En el caso del desalojo de la comunidad de La Toma,27 por ejemplo, se recolectaron firmas en menos de dos d as y se evit que 1.500 familias fueran desalojadas de sus territorios. Tal como fue divulgado en un Comunicado de p gina Web del PCN:

Suspenden desalojo de La Toma- Mi rcoles 18 de Agosto de 2010 02:18. Compartimos la resoluci n del d a de ayer - 17.09.2010 (resoluci n n mero 648 del 17 del agosto 2010)- con la que se suspende de manera indefinida el desalojo de los mineros de la Comunidad Negra de La Toma. La lucha para derogar todos los t tulos, licencias o permisos de explotaci n o exploraci n otorgados de manera ilegal, y para que las comunidades puedan ejercer a plenitud sus derechos a la identidad, territorio, cultural, participaci n y desarrollo acorde con sus aspiraciones continua. Sabemos que no ser f cil pero contamos con la solidaridad de todos lo que hasta ahora nos han apoyado y de muchos m s que se ir n sumando. La lucha de La Toma y la de todas las comunidades mineras del Norte del Cauca, son en este Vicentenario - as escrito - una manera de celebrar la dignidad de nuestros pueblos m s all de las simples menciones formales y protocolarias, y contribuir a superar la brecha de desigualdad que heredamos del pasado. Gracias a todos ustedes por la solidaridad, sus comentarios como voz de apoyo y la firma uni ndose a la petici n han sido claves. Este es tan solo el primer paso del camino que debemos seguir, su apoyo es fundamental contamos con ustedes (Fuente: www.renacientes.org).

Continuidad e innovaci n en los repertorios de acci n de las organizaciones negras

Como lo dice Tilly (2006) los repertorios dibujan una larga historia de previas luchas. Al respecto dice Tilly:

La palabra repertorio identifica un conjunto limitado de rutinas aprendidas, compartidas y actuadas a trav s de un proceso de elecci n relativamente deliberado. Los repertorios son creaciones culturales aprendidas, pero no descienden de la filosof a abstracta ni toman forma como resultado de la propaganda pol tica, sino que surgen de la lucha. Es en la protesta donde la gente aprende a romper ventanas, atacar presos sujetos al cepo, derribar casas deshonradas, escenificar marchas p blicas, peticionar, mantener reuniones formales u organizar asociaciones de inter s especial. Sin embargo, en un momento particular de la historia aprende una cantidad bastante limitada de modos alternativos de acci n colectiva (Tilly, 2002 : 8)

Seg n el esquema de an lisis de Tilly, los procesos de formaci n estatal y desarrollo del capitalismo marcar an la transformaci n de los medios de acci n de la contienda pol tica y dependiendo de la secuencia evolutiva de tales procesos, a cada poca le corresponder a un repertorio distinto. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en el caso colombiano no estamos hablando de un desarrollo estatal en largos per odos de tiempo, como el tratado por Tilly que corresponde a Europa occidental, ni muchos menos de un desarrollo capitalista como el de los pa ses del Viejo Continente. Con bastantes diferencias en cuanto a la configuraci n de los actores pol ticos, tambi n podr amos hablar de una situaci n similar con relaci n a los movimientos sociales y las diferentes formas de acci n colectiva en nuestro pa s.

La modernizaci n del Estado y el surgimiento del actor PCN, es un ejemplo claro de la apertura de un r gimen con baja capacidad que fortalece su espacio democr tico, permitiendo as la configuraci n de formas espec ficas de protesta, como las desarrolladas por los ind genas y afrocolombianos. En este per odo predominaron repertorios como las movilizaciones, toma de entidades del Estado, las marchas y la campa a \\\"telegrama negro\\\" que presionaron para que se aprobara la carta constitucional incluyendo los nuevos derechos de las poblaciones negras.

El ltimo per odo, que corresponde a lo que va del siglo XXI, tiene caracter sticas que hacen pensar en la configuraci n de un r gimen que retrocede en el espacio democr tico y trata de ganar mayor capacidad de control sobre sus territorios, a trav s de una abierta pol tica de seguridad basada en la confrontaci n y el fortalecimiento de su estrategia de guerra. En esta etapa, el movimiento social de comunidades negras se constri e a nivel local y empieza a abrir nuevos espacios a nivel internacional, ya que el espacio nacional no atiende sus demandas. Las coaliciones con movimientos globales, as como una reiterada campa a en defensa de los territorios colectivos reci n ganados, representan una serie de oportunidades pol ticas que dan pie al fogueo en nuevos escenarios como las cumbres mundiales de las organizaciones que regulan la econom a globalizada o los contra-hegem nicos Foros Sociales Mundiales y la Conferencia Mundial contra la discriminaci n y el racismo. Las nuevas alianzas all adquiridas facilitar n luego el acceso a escenarios como los de la Justicia Transnacional en la cual los sistemas de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario representados por la CIDH, entran a jugar un papel fundamental.

Sin embargo, hay que se alar que, en los ltimos cinco a os tambi n ha contribuido, de manera definitiva, el hecho que el escenario nacional se empiece a transformar en t rminos de legislaci n, y se abran oportunidades como las que figuran en el Auto N 005 de 2009, que ordena la protecci n de los derechos fundamentales de la poblaci n afrodescendiente v ctima del desplazamiento forzado, en el marco del estado de cosas inconstitucional declarado en la sentencia T-025 de 2004. Lo mismo ocurre en el caso de la Ley de Justicia y Paz y la conformaci n de la Comisi n Nacional de Reparaci n y Reconciliaci n -CNRR- que facilita espacios de denuncia y reparaci n.

El paso del escenario transnacional al local, nos recuerda lo dicho por Tarrow en el sentido de que \\\"El activismo transnacional es m s parecido a series de olas que chapotean sobre una playa internacional retir ndose repetidamente al interior del mar local, pero permitiendo incrementar cambios en la tierra\\\" (Tarrow, 2005 : 219). As mismo, aunque el internacionalismo ha generado nuevas oportunidades para los actores de las organizaciones afro, la gente negra est todav a en gran parte motivada por asuntos que los afectan a ellos directamente a nivel local. Tal es el caso de la protecci n de los Derechos Humanos y el DIH de la poblaci n afectada por el conflicto. De hecho, el trabajo del PEC, en los ltimos cuatro a os ha estado enfocado a fortalecer y reconstruir los procesos organizativos en los barrios m s afectados, as como a hacer un acompa amiento m s cercano a las v ctimas del conflicto. En este sentido, asuntos dis miles requieren diferentes cursos de acci n, dependiendo de los actores involucrados, las condiciones pol ticas y culturales que ellos enfrentan y la naturaleza de las estructuras internacionales con las cuales trabajan (Tarrow, 2005).

El cambio entre escenarios locales y globales no ha sido demasiado dr stico para el PCN, ya que desde 1995 a la fecha, se ha hecho presencia en los escenarios internacionales como las cumbres de los organismos econ micos como la Organizaci n Mundial del Comercio, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, los Foros Sociales Mundiales y la Conferencia de Durvan, en por lo menos 13 ocasiones. Posteriormente, participa en siete ocasiones en audiencias ante la CIDH entre los a os 2002-2009. Al mismo tiempo y teniendo en cuenta la transitoriedad de las alianzas globales, se fortalecen las locales y la conexi n con la sociedad civil organizada, bajo la forma de ONG. Aqu las denuncias en el marco de audiencias p blicas, se convirtieron en el repertorio novedoso estimulado por los nuevos escenarios de protesta. Entre los a os 2007- 2009 tenemos dos audiencias defensoriales y dos ante la comisi n V del Senado. Tambi n es posible observar, entre los a os 2009-2010, el nfasis de las denuncias p blicas (38), la realizaci n de una campa a, un foro y de cinco encuentros y movilizaciones regionales. Sin embargo, en el \\\"oleaje\\\" local-global de la protesta, para el per odo estudiado, son m s numerosas las acciones en el escenario transnacional, aunque la tendencia de los ltimos tres a os sea hacia lo local (ver Tabla No. 2).

En cuanto a los tipos de repertorios, tenemos que los m s utilizados entre los a os 2000-2009 son las denuncias en escenarios internacionales (siete), seguido de las movilizaciones en escenarios locales e internacionales (cinco y cinco respectivamente) y por ltimo las denuncias en audiencias locales (cuatro) (ver Tabla No. 2).

La presi n del PCN en las audiencias internacionales ante la CIDH, reiteran la necesidad de acudir a la justicia transnacional para resolver en otros escenarios, lo que a nivel local no es posible. Revelan adem s una serie de factores como la inoperancia, negligencia, falta de voluntad, falta de recursos presupuestales, entre otros, asociados a la p rdida de credibilidad de las instituciones del Estado, as como la vulnerabilidad y debilidad de las organizaciones que hacen parte del PCN.

Por otro lado, estos eventos permiten hacer expl cita la forma en la que operan los nuevos repertorios de acci n implementados por las organizaciones negras. El uso de un mecanismo formal como las audiencias, en espacios oficiales como la CIDH, revela tambi n la b squeda y esfuerzo por innovar en los repertorios. Modalidades como la denuncia p blica en espacios locales han estado altamente limitadas por las instituciones nacionales, debido a su \\\"porosidad\\\" frente a la corrupci n o a su inoperancia institucional. En otras palabras, debido a que el escenario de la reclamaci n no ofrece las condiciones para que la denuncia sea resuelta, se acude al escenario internacional y a los organismos ubicados en esta escala que puedan presionar al Estado y facilitar el xito de la misma.

Los aspectos discutidos en las denuncias hechas ante la CIDH, merecen tambi n un an lisis detenido pues nos pone en el espacio de los movimientos sociales. Las denuncias giran sobre temas como las medidas cautelares tanto para l deres y comunidades negras, la situaci n de la poblaci n afrocolombiana desplazada, los Derechos Humanos de los afrocolombianos desplazados y la discriminaci n racial y el acceso a la justicia de estas poblaciones (ver Anexo No. 2). Estas motivaciones de las denuncias presentan un escenario en el que el contexto del conflicto armado interno es determinante, pero tambi n en el fondo de las discusiones siguen estando presentes los aspectos hist ricos fundamentales del discurso, la identidad y las reivindicaciones del movimiento negro: el respeto y reconocimiento de su identidad como afrocolombianos y el derecho a un espacio de vida dentro de sus territorios.28

Lo anterior permite deducir, que no s lo se buscan estos espacios para resolver asuntos coyunturales, sino para el logro de conquistas a m s largo plazo, como las esbozadas por los representantes del PCN al pedir la visita del Relator Especial de la CIDH, para asuntos de comunidades afrodescendientes, la insistencia en la implementaci n del Plan de desarrollo para comunidades negras (Audiencia CIDH, 2007), entre otros. Una muestra de lo anterior es el an lisis hecho por uno de los representantes del PCN, en la audiencia citada:

... Nosotros creemos que en Colombia la combinaci n de factores como las consecuencias devastadoras del conflicto armado y la adopci n de legislaciones que afectan los derechos territoriales de las comunidades est n generando las condiciones para que la brecha existente entre nuestras comunidades y otros sectores de nuestro pa s se mantenga se profundice y no permita que nuestras comunidades puedan superar las profundas desigualdades sociales en las que viven (Audiencia CIDH, 2007).

En la misma direcci n, estos espacios abiertos por la Comisi n han permitido poner en evidencia a nivel internacional aspectos estructurales como el racismo y la exclusi n social de los afrocolombianos, lo cual se ha incorporado en el discurso de los Derechos Humanos como tema de discusi n y ha generado nuevas oportunidades discursivas29 y poderosos aliados. Entre ellos podemos tambi n mencionar: el apoyo de la bancada de parlamentarios afro de los EE.UU., acad micos de universidades extranjeras y diputados de la Uni n Europea, entre otros. El reconocimiento, hecho en las sesiones de la CIDH, por parte del Relator para asuntos de poblaciones afrodescendientes sobre la existencia de un racismo estructural en Colombia, ha contribu do, a su vez, a que los delegados del Gobierno Nacional consideren sta condici n y recomienden su tratamiento en los programas y pol ticas como el Plan Integral de Largo Plazo para la Poblaci n Negra, Raizal o Afrocolombiana y el Plan Nacional de Desarrollo de Comunidades Negras, Afrocolombianas, raizales y palenqueras 2010-2014. Un seguimiento a la secuencias de las audiencias, muestran como, en cada ocasi n, los representantes del Gobierno colombiano tratan de demostrar su buena voluntad y esfuerzos.30 La vigilancia hecha por la CIDH, del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano, hacen que la cuesti n de las comunidades negras sea un asunto a tener en cuenta en las agendas de las entidades oficiales. Sin embargo, todav a hay mucha falta de concreci n en las medidas para atender a la poblaci n afrocolombiana.

En ese sentido, las audiencias ante la CIDH permiten tambi n conocer el comportamiento del actor estatal. La presi n ejercida por este organismo ha hecho que el Gobierno colombiano se esfuerce por mostrar resultados reales, lo cual ha sido capitalizado por el PCN y las organizaciones aliadas. En las ltimas audiencias, por ejemplo, el PCN ha presentado argumentos fundamentados por estudios tan serios como los del Observatorio de Discriminaci n Racial de la Universidad de los Andes, sobre racismo en Colombia y los an lisis de la informaci n estad stica de los Censos del DANE sobre poblaci n afrocolombiana.31

Por su parte, los repertorios desarrollados a escala local siguen su curso. Las denuncias utilizando internet como medio de difusi n o en el marco de las audiencias con las comisiones del Senado, ponen de manifiesto la necesidad de continuar las acciones buscando canales institucionales (la Defensor a del Pueblo, la Comisi n de Derechos Humanos del Senado de la Rep blica) que permitan la presi n directa sobre el actor estatal. Los efectos de estas acciones pueden darse en el corto plazo, como lo ocurrido con la audiencia de la comisi n V en el 2007, que hizo posible que las FF.MM. disminuyeran los atropellos y la presi n sobre la poblaci n civil, el apoyo prestado por el Estado en los procesos de retorno de las comunidades del Bajo Calima y Naya y la implementaci n del Sistema de Alertas Tempranas-SAT y el Plan de Contingencia, que han logrado, en algunos casos, resguardar a la poblaci n de los ataques de los actores armados.

Este doble juego entre lo local y lo global muestra como las amenazas a la acci n colectiva finalmente pueden derivar en oportunidades nuevas para el ejercicio de las demandas. Tal como lo planteaba Tarrow:

La represi n sobre una manifestaci n pol tica y social puede ser un factor desestabilizador y desarticulador de la movilizaci n, pero tambi n puede llegar a ser un factor fuerte de dinamizaci n de la acci n, al movilizar grupos de simpatizantes, audiencias hasta ahora alejadas y apoyos externos que antes del episodio represivo no se hab an movilizado (Tarrow, 2005 : 220).

La importancia del an lisis escalar 32que tiene en cuenta la confluencia entre oportunidades discursivas y tipos de escenarios, nos permite tener una visi n m s amplia y a la vez compleja de la acci n colectiva de los movimientos sociales contempor neos. En ese sentido, permite entender tambi n, de manera m s clara, los aportes de la acci n colectiva de los actores-red como el PCN en el establecimiento de una \\\"democracia radical\\\" en el sentido introducido por Laclau y Mouffe, citados en Archila (1995), y la consecuente apertura del campo pol tico. Por otra parte, es posible vincular el discurso basado en el \\\"sentido de lugar\\\" del movimiento negro, con el an lisis de la acci n colectiva \\\"glocal\\\".33 Las formas de conocimiento local sobre la naturaleza y el territorio se convierten en poderosos dispositivos de resistencia en la medida en que se incorporan a los discursos expuestos en escenarios globales, en donde se convierten en \\\"contra-discursos\\\".34

Finalmente, es posible afirmar que si bien el conflicto armado ha afectado, a nivel local, la capacidad pol tica y de acci n del actor red PCN y de su componente el PEC, no ha ocasionado un reflujo organizativo tan fuerte como el ocurrido en otras regiones del Pac fico (Restrepo, 2005). La explicaci n a esto puede estar relacionada con la manera en que los activistas del PCN se vincularon al activismo transnacional y con la forma en que aprovecharon la experiencia ganada en esos escenarios para incorporar innovaciones en los repertorios locales, que les han permitido fortalecerse y sostenerse en el tiempo. A diferencia de otros actores-red regionales, que han mantenido la prevalencia de los repertorios a escala local, los miembros del PCN han fortalecido su trabajo internacional, sin descuidar los escenarios propios. Aunque los activistas de otras zonas del Pac fico han hecho parte de las delegaciones que han viajado a Europa y EE. UU., al parecer quienes m s han capitalizado las alianzas internacionales han sido los l deres de Buenaventura y del Norte del Cauca. Esto permite concluir que una exitosa combinaci n de repertorios en las distintas escalas, es decir la acci n colectiva \\\"glocal\\\", garantizar la presencia a mediano y largo plazo de este actor-red en el escenario pol tico nacional.

A manera de conclusi n: la convergencia entre asuntos locales y globales

El cambio de escala de las acciones colectivas implica tambi n la adaptaci n de los objetivos de la acci n colectiva a los problemas de cada escenario. Esta flexibilizaci n es una estrategia de los actores para lograr la solidaridad de los aliados locales y globales.

En sus primeras participaciones en los espacios propiciados por la AGP, el PCN adopt el discurso contra-hegem nico de la lucha contra el neoliberalismo, lo que le permiti reformular algunas estrategias a nivel local en torno a la lucha por el territorio. Este se convirti en un recurso de \\\"disputa global\\\", en el que conflu an los intereses del gran capital. Aunque el discurso por la defensa de la biodiversidad, no perdi vigencia, el eje del mismo se orient a la territorialidad basada en la autonom a y el control sobre los recursos disponibles en los territorios por parte de sus \\\"propietarios ancestrales\\\".

En su trabajo en la zona urbana de Buenaventura el PCN ha incorporado, recientemente, el discurso sobre el territorio como espacio vital y lo visualiza como una \\\"extensi n\\\" simb lica del espacio rural. En t rminos concretos, las organizaciones vienen creando consciencia, a trav s de la formaci n pol tica, de la necesidad de no desalojar los barrios y de hacer resistencia a los planes y proyectos institucionales de reubicaci n de poblaci n. La defensa del territorio urbano se ha convertido en una prioridad para este actor-red. La territorialidad en la ciudad carece del peso legal de la Ley 70, raz n por la cual la resistencia de la gente en el casco urbano es m s riesgosa e inviable a largo plazo. El principal reto del PCN consistir en desarrollar estrategias efectivas para garantizar la permanencia de los habitantes en ciertos sectores estrat gicos del Puerto.

Los efectos devastadores del conflicto armado en el municipio de Buenaventura que han tenido un impacto negativo sobre el proyecto de territorialidad de las organizaciones amparadas por la Ley 70, al mismo tiempo y de manera inesperada, han permitido el reposicionamiento del actor-red PCN en el escenario pol tico local y su aparici n en escenarios internacionales.

Las organizaciones cobijadas bajo la red PCN han redireccionado su acci n colectiva y desarrollado repertorios como las movilizaciones, las campa as, la erradicaci n manual de cultivos, las alertas, los comunicados y la denuncia p blica. Este ltimo se ha convertido en el repertorio m s exitoso en tanto que ha involucrado acciones en escenarios globales y la adquisici n de aliados influyentes a nivel internacional. Las presiones recibidas por el Estado colombiano en la CIDH, la bancada afro del congreso de E.U. y algunos organismos como la Uni n Europea, han posibilitado la vigilancia sobre el cumplimiento de medidas a nivel local para la protecci n de los derechos de los afrocolombianos.

Las transformaciones producidas en el campo de la acci n colectiva, por los intercambios entre el actor-red PCN y la \\\"sociedad civil global\\\", sugieren nuevas rutas de investigaci n en este campo y se alan la importancia de profundizar en aspectos significativos como los de la cultura pol tica y el discurso pol tico de las organizaciones negras.

NOTAS AL PIE DE P GINA

1. El presente art culo se deriva de la Tesis de grado titulada \\\"De lo global a lo local en los repertorios de acci n del PCN y conflicto armado en Buenaventura\\\". Este trabajo de investigaci n se adelant como requisito para optar al t tulo de Mag ster en Sociolog a, en la Facultad de Ciencias Sociales y Econ micas de la Universidad del Valle.

2. Los consejos comunitarios son los encargados de la administraci n de los Territorios Colectivos de comunidades negras, de acuerdo a lo estipulado en la Ley 70 de 1993.

3. Seg n relatos de algunos Nayeros, las FARC que reaccionaron tarde despu s de las masacres, realizan una fulminante persecuci n a las AUC, quienes huyen a la parte baja del Naya y Yurumangu en donde la Armada Nacional, los \\\"rescata\\\" capturando a un gran n mero de paramilitares.

4. De acuerdo con las declaraciones de alias HH desmovilizado jefe del bloque Calima de las AUC : \\\"Toda la Fuerza P blica ten a relaci n con nosotros. Yo andaba enfusilado, con mis escoltas enfusilado y no me capturaban. pero Por qu no nos capturaban? Por que todos nos apoyaban\\\" (Chaparro, 2009)..

5. Informes Sistema de Alertas Tempranas-SAT, 2008.

6. El Manual de calificaci n de conductas violatorias de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos del 2010, define como masacre al hecho que cumpla las siguientes caracter sticas: 1. Las ejecuciones extrajudiciales de car cter colectivo perpetradas en un mismo hecho; 2. La manera cruel en que fueron ejecutadas esas personas. La muerte de las v ctimas tiene que ser acompa ada de elementos de ferocidad o barbarie y; 3. El estado de indefensi n de las v ctimas. En las masacres acaecidas en la zona urbana todos los cuerpos fueron encontrados con se ales de tortura, desfigurados o mutilados, seg n lo informes forenses las torturas y mutilaciones fueron cometidas antes del asesinato ( Informe Defensorial No 8).

7. Seg n el DANE, la poblaci n de Buenaventura era de 260.000 habitantes en 1997 y pas a 328.000 en el a o 2005.

8. Cifras tomadas de la base de datos sobre poblaci n desplazada de Acci n Social de la Presidencia de la Rep blica. Estos datos se registran seg n la modalidad de municipio de llegada. Por su parte, los datos de la Consultor a para los Derechos Humanos y la poblaci n desplazada CODHES, reportan un total de 59,796 personas desplazadas en el mismo per odo. Sin embargo, un dato significativo es que mientras Acci n Social reporta una dr stica disminuci n de desplazados para el a o 2009 (704), CODHES, por su parte, registr un total de 8,198 para el mismo a o, cifra similar a la del a o 2000. Esto indica, entre otras cosas, que para la fuente CODHES, el asunto del desplazamiento se est agudizando en vez de desaparecer, como lo se alan las fuentes oficiales.

9. Defensor a Delegada para la Evaluaci n de Riesgos en la Poblaci n Civil como Consecuencia del Conflicto Armado. Sistema de Alertas Tempranas-SAT, Informe de riesgo N 032- 2008.

10. La Oficina de Gesti n de Paz y convivencia de la Gobernaci n del Valle del Cauca-OGP, registra los datos sobre hechos de conflicto utilizando la bit cora de la prensa local y nacional y los datos de la Polic a Nacional. Los datos del Centro de Investigaciones y Educaci n Popular-CINEP, fueron tomados de la Revista Noche y Niebla (Ediciones 2000-2005). Tambi n se consultaron los informes de Derechos Humanos del PCN de 2008 y 2009.

11. El 23 de agosto del 2005, en Istmina- Choc , se desmovilizaron 150 combatientes, que entregaron 144 armas de fuego y municiones; del mismo modo el 27 de agosto, en Santaf de Ralito, se desmovilizaron medio centenar de combatientes de la guardia personal de Francisco Javier Zuluaga al as Gordo Lindo, m ximo jefe del frente.

12. Ver Diagn stico de DH y DIH del Valle del Cauca 2009, elaborado por el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

13. Esta visita fue solicitada por el PCN en audiencia ante la CIDH en el mes de marzo del 2007 en la ciudad de Washington, E.U.

14. Declaraciones de un miembro del equipo de DH del Palenque El Congal.

15. El Palenque El Congal-PEC, es una organizaci n regional del Proceso de Comunidades Negras, que fue encargada por el CINEP de hacer el registro de los casos de violencia pol tica y violaci n de DH y DIH. Dichos datos aparecen en la revista Noche y Niebla.

16. PCN, WOLA (2010). Buenaventura: Entre la guerra y la desesperanza.

17. Audiencia en la fiscal a de Medell n, www.terra.com Colombia, Mayo 13 del 2008.

18. Rep blica de Colombia-Corte Constitucional-sala segunda de revisi n. Auto N 005 de 2009.

19. Estimativos extra dos de la base de datos dise ada por la investigadora, que utiliza como fuentes los registros del CINEP y la OGP.

20. El Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Concesiones INCO le concede por 30 a os, con licencia ambiental expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, declarado por la Direcci n de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN como Zona Franca permanentemente especial.

21. El Convenio 169 de la Organizaci n Internacional del Trabajo ordena que se debe adelantar consulta previa, libre e informada con las comunidades, tribales e ind genas en los casos en que se desarrollen proyectos en sus territorios, que puedan afectar directa o indirectamente a estas comunidades. Colombia acogi este convenio.

22. Esta fundaci n trabaja en algunos casos en red con el Palenque El Congal.

23. Se acude a la figura del Defensor del Pueblo del Banco Mundial, porque el proyecto TCBuen involucra cr ditos de esta entidad.

24. Algunos de los activistas del PCN, tienen una extensa lista de viajes a E.U. y Europa, en busca de apoyo para sus demandas. Este activista, en particular, ha participado en la Conferencia Mundial de Durvan, sobre discriminaci n, racismo y otras formas conexas de intolerancia, tres cumbres de la organizaci n mundial del comercio-OMC, dos sesiones ante la CIDH y una gira por 5 pa ses europeos en 2001, para dar a conocer junto a otros delegados, la situaci n de las poblaciones negras v ctimas del conflicto armado en Colombia.

25. La Comisi n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es una de las dos entidades del sistema interamericano de protecci n de derechos humanos. Tiene su sede en Washington, DC. El otro organismo del sistema es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Comisi n est integrada por siete personas de reconocida trayectoria en Derechos Humanos; electos a t tulo personal y no como representantes de ning n gobierno. Es un rgano de la Organizaci n de los Estados Americanos creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos adem s de servir como rgano consultivo de la OEA en esta materia.

26. Ver alertas AGP disponible en Archivos de protestas globales AGP, disponible en /www.nadir.org/initiativ/agp/es.

27. La Toma es un corregimiento del norte del Cauca, en el cual se estaba adelantando un proceso de expulsi n de la poblaci n minera que, de acuerdo a la documentaci n referida por los activistas, habita la zona desde el siglo XVII. Dicha expulsi n estaba sustentada en el otorgamiento de t tulos de explotaci n minera otorgados por el Gobierno Nacional a empresarios de otras partes del pa s.

28. Para mayor ilustraci n, sobre estas discusiones, se puede acceder a los audios de las audiencias del PCN ante la CIDH, disponibles en www.cidh.oas.org

29. T rmino introducido por Ferree Myra y Gamson William (2002) que es una ampliaci n del t rmino oportunidad pol tica y se refiere a la apertura de espacios para discutir e influenciar a la opini n p blica, sobre temas particularmente importantes para ciertos colectivos sociales.

30. Un ejemplo de esto son las apreciaciones del Gobierno en torno al tema del racismo estructural. Mientras en la audiencia de Marzo de 2008, el representante del gobierno afirm que la causa de la precaria situaci n de las poblaciones negras en Colombia, eran las mismas del resto de la poblaci n pobre del pa s; en una audiencia posterior, en octubre del mismo a o, es el mismo delegado del Gobierno quien afirma que se ha reconocido la existencia del racismo estructural y que en consecuencia este planteamiento se ha incluido en el Plan Integral a largo plazo para las poblaciones negras, palenqueras y raizales (Material de audio disponible en la p gina Web de la CIDH).

31. Audiencias ante la CIDH, Marzo 6 -2007 y octubre 23 de 2008 (Material de audio disponible en la p gina Web de la CIDH).

32. El an lisis escalar implica la adopci n del concepto de escala como una red de asociaciones, coaliciones y agentes que generan distintas din micas estrechamente imbricadas (Pill t, 2008).

33. Los concepto de \\\"Glocal\\\" y \\\"glocalizaci n\\\" fueron introducidos en Sociolog a por Robertson (2000), quien se ala que la globalizaci n ha implicado la incorporaci n de la comunidad y de la vida cotidiana en la comprensi n del mundo como un todo. En este sentido, lo local puede ser visto, no como lo opuesto a lo global, sino como parte de l. Esto es lo que se denomina glocalizaci n. Lo Glocal implica una serie de procesos cambiantes, complejos y asim tricos.

34. De acuerdo con la definici n de Foucault \\\"Un discurso es un sistema simb lico de ordenamiento de las pr cticas\\\" la resistencia al poder est intrincablemente ligada a la din mica misma del poder (sin por lo tanto desaparecer como resistencia), e inicia la interminable espiral de las estrategias de poder y de las contra-conductas a estas estrategias. Estas contra-conductas o contra-discursos no pueden por consiguiente venir de los intelectuales que desvelan las condiciones ideol gicas en las que viven aquellos que est n expuestos a las estrategias del poder. Tienen que venir m s bien de aquellos mismos que est n implicados, captados por el poder mismo (Muhle, 2009 :162).

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